Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Demandas vigentes en Baja California

 Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Voces y Demandas desde Baja California

09 de agosto de 2025.

Asamblea General de Pueblos y Comunidades  Indígenas de Baja California



Thikiva Kimi Mariano García, Vocera de la Asamblea Estatal de Pueblos y comunidades indígenas en Baja California.

Cristina solano Díaz, Vocera de la Asamblea Estatal de Pueblos y comunidades indígenas y Presidenta de la Autoridad Comunitaria Pluricultural de pueblos indígenas de Cañón Buena Vista.

Esther Ramírez González, Vocera de la Asamblea Estatal de Pueblos y comunidades indígenas.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las voceras de la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California —Thikiva Kimi Mariano García, Cristina Solano Díaz y Esther Ramírez González— alzamos la voz para visibilizar los retos y propuestas que siguen vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos colectivos.

“Baja California debe armonizar sus leyes con los estándares internacionales y nacionales para garantizar el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas”, Las Voceras Estatales.

Reforma constitucional y armonización de la Ley de Derechos y Cultura Indígena

La Asamblea Estatal demanda la armonización del artículo 7 constitucional de Baja California y la modificación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, en concordancia con el Artículo 2º de la Constitución mexicana. La propuesta incluye cuatro apartados:

Primero, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con acceso a recursos federales, estatales y municipales.

Segundo, el reconocimiento de Baja California como estado pluricultural y plurilingüe.

Tercero, la inclusión de los pueblos afromexicanos, y

Cuarto, el Reconocimiento específico de los derechos de mujeres, niñas, niños y juventudes indígenas.

Aunque el plazo legal de seis meses para la armonización venció, no se han registrado avances legislativos ni se ha llevado a cabo la consulta pública —bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas—. En el Congreso local, actualmente hay dos diputadas indígenas: Dunia Montserrat Murillo López y Evelyn Sánchez Sánchez, a quienes en distintas ocasiones se les ha solicitado retomar la agenda legislativa de los pueblos indígenas.

“Hemos buscado el diálogo, pero la agenda de los pueblos sigue pendiente, a pesar de que estos espacios de representación - que ocupan- se ganaron con nuestras luchas como pueblos indígenas organizados”. Las Voceras Estatales.

Frente a esta omisión legislativa, la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas impulsa propuestas concretas para garantizar una representación política indígena; exigiendo que no sea meramente simbólica, sino efectiva, estructurada y con presupuesto propio en las políticas públicas.

Asimismo, exigimos el fortalecimiento de la Unidad de Pueblos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC): que su diseño institucional y operativo responda a criterios de legitimidad comunitaria. Desde 2022 se ha propuesto que las y los integrantes de esta Unidad sean elegidos por las propias asambleas comunitarias, además rechazamos el término “asuntos indígenas” por considerarlo ambiguo y demandamos un nombre que dignifique a los pueblos como sujetos de derechos.

La violencia política contra mujeres indígenas sigue siendo un obstáculo: muchas candidaturas no prosperaron por discriminación o violencia de género, perpetrada en gran parte por partidos y actores políticos. La Asamblea ha brindado acompañamiento, pero la responsabilidad principal recae en el IEEBC, el TJEBC y otras instancias.


De manera paralela, nuestra vocera Thikiva Kimi Mariano García llevó estas demandas a foros internacionales, incluyendo su intervención en el 18º período del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Ginebra, donde enfatizó la urgencia de proteger a pueblos indígenas desplazados y garantizar financiamiento directo a mujeres, niñas, niños y juventudes indígenas desplazadas.

En los municipios, seguimos exigiendo el presupuesto y la creación de direcciones municipales de Pueblos y Comunidades Indígenas, ya que la omisión presupuestas perpetúa la desigualdad.  Cómo Asamblea Estatal seguimos exigiendo para que en todos los municipios se cuente con estas direcciones, dotadas de recursos suficientes y con personal proveniente de las propias comunidades en los equipos de trabajo.

Actualmente existe una Subsecretaría de Pueblos Originarios en el Estado; sin embargo, por muchos años los pueblos y comunidades indígenas han exigido la creación de una Secretaría de los Pueblos y Comunidades Indígenas o de una institución paraestatal autónoma con financiamiento digno, progresivo y administrada por personal indígena y afromexicano.

En relación con las políticas públicas, y en específico con los programas económicos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas, éstos continúan careciendo de pertinencia cultural. Los programas de desarrollo económico deben reconocer las formas propias de organización y producción de los pueblos, así como garantizar financiamiento directo, en especial para mujeres indígenas desplazadas.

Las reglas de operación deben adaptarse a las realidades comunitarias y no excluir mediante trámites burocráticos o la exigencia de conocimientos en planes de negocios que imponen una visión individualista y occidental, que desconoce y desvaloriza las economías indígenas. Además, la obligatoriedad del uso de plataformas digitales resulta excluyente, considerando que muchas personas de pueblos indígenas no cuentan con computadoras, acceso a internet ni formación tecnológica desde dichas lógicas, lo cual profundiza las brechas de desigualdad.

Estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Maternas; esto es un llamado a los Estados miembros de las Naciones Unidas a garantizar el acceso a los derechos desde un marco de reconocimiento de las lenguas maternas. Para nuestras comunidades, el acceso a la justicia, la salud y los trámites depende de intérpretes capacitados. La Asamblea solicita presupuesto específico y progresivo para la formación, certificación y contratación permanente de intérpretes en las variantes lingüísticas presentes en el estado. Actualmente, la asociación hermana Mediadores Bilingües Interculturales continúa impulsando la certificación de sus integrantes en la entidad.

En el informe A/HRC/39/17/Add.2, de la Relatora Especial (2017), que resalta la problemática de la falta de intérpretes bilingües y el acceso limitado a la justicia para indígenas en México:


“Las personas indígenas detenidas y procesadas enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y la defensa adecuada por motivo de la escasez de intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas o conozcan las culturas indígenas. Por ejemplo, el cuerpo de defensores públicos bilingües solamente cuenta con 25 integrantes.”

Exigimos a las autoridades respuestas concretas, plazos verificables y la participación efectiva de las asambleas y autoridades tradicionales. La ausencia de acciones perpetúa la desigualdad y la vulneración de nuestros derechos colectivos. Seguiremos organizadas y movilizadas hasta que las leyes, las instituciones y los presupuestos reflejen y respeten nuestra dignidad y nuestros derechos.

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