Economías tradicionales y derechos indígenas: una jornada de denuncias y propuestas en Ginebra

 

Economías tradicionales y derechos indígenas: una jornada de denuncias y propuestas en Ginebra

Crónica desde la Sala XIX del Palacio de las Naciones – Ginebra, 15 de julio de 2025

Thikiva Kimi Mariano García

Representante y vocera de la Asamblea Estatal de los Pueblos Indígenas de Baja California, México.

La tarde cayó sobre Ginebra, pero en la Sala XIX del Palacio de las Naciones las voces de pueblos indígenas de los cinco continentes se alzaban con fuerza y claridad. Era la segunda jornada del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP),  representantes de comunidades indígenas, organizaciones,  instituciones académicas y autoridades, dialogaron sobre: las economías tradicionales y los derechos colectivos sobre la tierra y los recursos.

 


En un ambiente solemne, se dieron las participaciones de denuncias y llamados urgentes. Las delegaciones compartieron no solo buenas prácticas, sino también las heridas abiertas por políticas extractivistas, desplazamientos forzados y exclusión institucional.

 


Se reconoció la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de París y la reciente Recomendación General 39 de CEDAW sobre los derechos de las mujeres indígenas. Sin embargo, denunciaron que estos marcos siguen siendo ignorados o aplicados de manera superficial por la mayoría de los Estados.

 


 “Nuestros bienes no son una reliquia”, resonó en la sala.

 Fue un llamado a dejar de tratar las economías indígenas como pasados folclóricos y reconocerlas como formas de vida sostenibles y vigentes, fundamentales para la conservación ambiental y la resiliencia climática. Se habló de la urgencia de garantizar transferencia intergeneracional de conocimientos, apoyar empresas comunitarias indígenas, y alinear prácticas ancestrales con marcos globales de sostenibilidad.

 Informe crítico: minería sin consentimiento

El Instituto Mundial de Recursos (WRI) presentó cifras alarmantes: el 94% de la minería y extractivismo mineral se realiza en territorios indígenas sin su consentimiento ni control. Esta práctica, indicaron, viola el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y perpetúa formas coloniales de ocupación. Se propuso formalizar el reconocimiento del Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático y respaldar instrumentos como el Fondo Cali como herramientas para la justicia ambiental.

Territorios y lenguas invisibilizadas

Desde Noruega, un representante del pueblo Sami denunció que los proyectos de energía eólica están ocupando sistemáticamente sus territorios, sin evaluaciones independientes de impacto ambiental. Alertó sobre la invisibilización de prácticas ancestrales como la cría de renos en los registros estatales, y exigió el reconocimiento jurídico de las lenguas indígenas y su inclusión en la gobernanza.

Nuevas formas de despojo climático

Desde el norte de Tanzania, Mai, del pueblo Maasai, denunció cómo los proyectos agrícolas de soya y los mercados de carbono están expulsando a comunidades enteras bajo el discurso de la sostenibilidad. “La crisis climática está siendo utilizada como justificación para un nuevo tipo de segregación ambiental”, afirmó, en referencia a las políticas que imponen modelos verdes sin consentimiento indígena.

WIPO: el conocimiento ancestral entra en el sistema de patentes

En medio de estas tensiones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) informó que el tratado internacional sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales —aún en negociación— será el primero en incluir una referencia explícita a los pueblos indígenas. Aunque celebrada como un avance, diversas delegaciones insistieron en que las decisiones no pueden tomarse sin protocolos éticos ni mecanismos de distribución de beneficios justos.

Nueva Zelanda: un modelo en construcción

El representante de Nueva Zelanda destacó el crecimiento de la economía del pueblo Maorí, que se ha duplicado en los últimos años gracias al marco legislativo “Creciendo con los Maorí”, diseñado para impulsar el uso autónomo de sus recursos. Un ejemplo de cómo el reconocimiento jurídico puede fortalecer la autodeterminación económica sin despojo.

La sesión cerró con un mensaje unánime: las economías tradicionales no son obstáculo para el desarrollo, sino su condición de posibilidad. Reconocerlas, protegerlas y permitir que florezcan desde sus propias raíces es una deuda de justicia que los Estados aún están lejos de saldar.



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